Los tres gobiernos miembros de la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra, reunidos en comité ejecutivo pasado 28 de septiembre, consideran imperativo normalizar el paso de la frontera pirenaico-atlántica mediante la reapertura de los pasos fronterizos que quedan cerrados y el cese de los controles sistemáticos para los que están sometidos a ellos.
En enero de 2021, la prefectura de los Pirineos-Atlánticos cerró nueve pasos fronterizos en el marco de la lucha contra el terrorismo. Según la prefectura, estos cierres temporales tendrían un impacto limitado en la fluidez del tráfico transfronterizo y la actividad económica. A principios de octubre de 2022, cuatro pasos fronterizos permanecen cerrados administrativamente (Larrau, Les Aldudes, el paso de Ispéguy y el puente peatonal de mercancías de Hendaya) y los demás están bajo estrecha vigilancia.
Mathieu Bergé, consejero regional encargado de asuntos transfronterizos y de la Eurorregión, considera que «en un momento en el que estamos fomentando la cooperación transfronteriza, es difícil imaginar que algunos pasos fronterizos sigan cerrados. El 30% de la población europea vive en una zona fronteriza y es importante garantizar que estos ciudadanos puedan vivir su vida con normalidad. El cierre y el aumento de los controles socavan considerablemente los ecosistemas sociales y económicos existentes, mientras que se ha trabajado durante años para construir relaciones que son cada vez más estables, fluidas e intensas”.
El cierre y control intensivo de los pasos fronterizos produce una distorsión económica en las zonas afectadas, afectando al turismo, la ganadería, la silvicultura, la cultura y las relaciones personales y administrativas. La perpetuación del cierre de los pasos fronterizos crea problemas de movilidad a las personas que habitualmente, y como consecuencia de la consolidación del espacio Schengen, organizan su vida entre dos territorios del espacio transfronterizo. Estos cierres tienen un impacto directo en las relaciones transfronterizas. Izaskun Goñi, directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, explica que «esta situación provoca desigualdades, frustraciones e incomprensión a los ciudadanos, ya que algunos pasos fronterizos siguen cerrados o sometidos a controles mientras que otros se han abierto».
Mikel Antón, director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, concluye: «La flexibilización de las medidas, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos, parece más que imprescindible. Las cuencas de vida, y en general la vida cotidiana de todos los afectados por las medidas, se ven muy afectadas por éstas, que no deberían durar más de lo estrictamente necesario. La falta de visibilidad y la temporalidad de las medidas complican aún más esta delicada situación, y al difícil paso de la frontera se añade un sentimiento de desconfianza en la cooperación transfronteriza y en la normalidad que se deriva de ella».
A modo de recordatorio, en 2020, en el marco de las restricciones vinculadas a la pandemia, los tres gobiernos miembros de la Eurorregión enviarón una solicitud al primer ministro francés y al presidente del Gobierno español para ampliar la movilidad transfronteriza a los residentes en una zona fronteriza, a las personas que se desplazan en el marco de proyectos de cooperación territorial y a las personas que se desplazan habitualmente para consultas médicas y/o paramédicas. A raíz de esta carta, se publicó una encuesta en la que se medía el impacto del cierre de la frontera en los ciudadanos y trabajadores transfronterizos: el 66,9% de los 2.400 encuestados se consideraron afectados por el cierre de la frontera.
A esta situación se suma la preocupación por la muerte de nueve inmigrantes en los alrededores del río Bidasoa en lo que va de año.
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